Investigaciones

Para analizar la calidad de la vivienda en la Gran Misión Vivienda Venezuela GMVV), es importante hacer un recorrido histórico en la materia, según la literatura consultada, Venezuela a mediados del siglo XX presentó un alto déficit de vivienda como consecuencia de la actividad petrolera, la misma aceleró las constantes migraciones de los habitantes del campo a la ciudad. Este fenómeno migratorio impulsó un proceso de urbanización vertiginoso, asociado a las dinámicas de desigualdad social y económica, estimulada por el modelo económico rentista petrolero. Se observa el crecimiento acelerado de las ciudades, donde se acentúan los niveles de vulnerabilidad, marginalidad, pobreza y finalmente una alta demanda de vivienda. Las políticas públicas estuvieron encaminadas hacia la privatización de la producción de viviendas y la localización periférica de viviendas de interés social, la misma no alcanzó a satisfacer la alta demanda, trayendo como consecuencia los asentamientos informales incontrolados en las zonas urbanas, que apuntan hacia formas de hábitat pocos estables. “…Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), recopiladas en el año 2001, estiman que el 53% de la vivienda a escala nacional se encuentran ubicadas en barrios, con servicio y equipamiento precario y en zonas de alto riesgo…” (Uzcátegui- 2005. p.2.). Aunado al contexto antes descrito, se sucedió las fuertes lluvias prolongadas a lo largo y ancho de la Gran Caracas, sumadas a la tragedia ocurrida el 15 de diciembre de 1999 en el estado La Guaira(para la fecha estado Vargas). Todo esto, calificado como el peor desastre natural ocurrido en Venezuela después del terremoto de 1812. Los fallecidos se calcularon de centenares hasta miles y los damnificados de decenas a miles, (dependiendo de las fuentes). Miles de personas fueron desplazadas y pueblos enteros quedaron devastados. Para afrontar el déficit de vivienda acumulado, la marginalidad y la pobreza, se crea el Programa Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). En el año 2011.

En la República Bolivariana de Venezuela, luego del año 2002 comenzó a manifestarse un fenómeno urbano basado en la práctica de desalojos forzosos de viviendas, los motivos fueron procesos de gentrificación, especulación inmobiliaria, exacerbación de burbuja inmobiliaria entre otros. Las características de las personas desalojadas eran en su mayoría familias habitantes de viviendas bajo la modalidad de alquiler regulado, estas viviendas estaban ubicadas en zonas urbanas, en el centro, norte, sur, este y oeste de la ciudad de Caracas, así como en los principales centros urbanos. Este fenómeno, en sus comienzos aislado; comenzó a ser cada día más frecuente, lo que llevó a alertar a las organizaciones sociales y llevó a los afectados y quienes se sentían en riesgo, a organizarse a través de una Asociación Civil denominada Red Metropolitana de Inquilinos (RMI), a partir de la cual, se originaron decenas de organizaciones a nivel local. La RMI sentó las bases para la construcción de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas Decreto 8.190, y la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda. La justificación de ambas leyes, tuvo como basamento legal, la doctrina emanada del sistema de Naciones Unidas, la cual es tajante al señalar a los desalojos forzosos como violación de los derechos humanos, y recomienda a los Estados, velar y construir legislación con el objetivo de proteger a las personas y familias ante esta situación. Ante este mandato el Estado legisló en materia de vivienda, no solo prohibiendo los desalojos forzosos sino que los alcances de las herramientas jurídicas, protegen a la familia venezolana de la voracidad del sistema bancario, y declara a la vivienda principal inembargable, protegida contra la estafa inmobiliaria y los créditos indexados.

Para comenzar nuestro informe sobre El Derecho a la Ciudad, debemos recordar que el concepto fue introducido por primera vez, por el Filósofo Francés Henri Lefebvre en 1967, como el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad. Este concepto abrió el debate, entre investigadores sociales, movimientos sociales, urbanistas, agencias de cooperación internacional y algunos Estados; en buena parte del siglo XX y hoy en día el tema sigue estando vigente. El tema ha sido una apuesta política de transformación de los territorios y una bandera de lucha de organizaciones en todo el mundo, en donde organismos multilaterales lo han reconocido, al igual que algunos Estados del mundo o gobiernos locales. La concepción filosófica del Derecho a la Ciudad ha formado parte de algunos programas y políticas públicas, o por lo menos lo han intentado. Partiendo de los primeros planteamientos de Lefebvre, sobre los cambios urbanos y la vida en las ciudades; ciudades que cobran una vital importancia, pues según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas, en un informe realizado en el año 2018, dice que el 55 % de las personas en el mundo vivían en ciudades y estiman que este número crecerá a un 13 % para el 2050, lo que vendría a ser un 68%, es decir que cerca de 2500 millones de personas en el mundo vivirán en ciudades. Y para el caso de América Latina y el Caribe, el estudio señala que el 81% de los habitantes, actualmente viven en ciudades.

El derecho a la vivienda supone la garantía de un espacio privado para la cotidianidad de la vida familiar, y a la vez, la forma más básica de ocupación del territorio de cara al establecimiento de un espacio público que permita la organización de la comunidad y el desarrollo de las dinámicas sociales. En 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento en el que fueron contemplados todos aquellos derechos que se consideraban fundamentales para garantizar el sano desarrollo de cada persona, entre los que se encontraba la vivienda. Con el paso del tiempo, esta se ha convertido en uno de los más polémicos a escala planetaria, pues sus concepciones, interpretaciones y alcances abarcan ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos, que deben ser considerados al momento de las evaluaciones para saber si se cumple o no con este derecho. En otras palabras, la vivienda es un asunto álgido para gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales, ya que para calificar como positiva la gestión en un Estado determinado es necesario ir más allá de la simple construcción de casas o edificios.

1. POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA EN VENEZUELA (1928-2017) El acceso a la vivienda adecuada ha significado un problema cíclico para el mundo occidental(izado), en la medida en que se ha constituido en un bien de cambio abierto a las transformaciones con base en la valoración del suelo sobre el que se emplaza, movimiento permanente de observación e intervención desde la mirada omnisciente del mercado inmobiliario. Este escenario permanente recrudece en el espacio urbano, donde la magia clasificatoria moderna del zoning determina los emplazamientos adecuados para las distintas clases sociales según su poder pecuniario para atender a las ofertas del mercado. Engels, F. (1872, citado en Harvey, D., s/f) observó este fenómeno desde su temporalidad decimonónica y, con clarividencia teórica, delineó su trayectoria circular en las sociedades capitalistas: “(…) la burguesía dispone únicamente de un método para resolver el problema de la vivienda de modo vacilante, es decir, resolverlo de modo que la solución continuamente reproduzca de nuevo el problema. Este método se llama “Haussmann” (…)” (:33). Este método vacilante se vale de la reconfiguración de los valores de los terrenos para la construcción de viviendas como un mecanismo que produce un desbarajuste territorial, deprimiendo sectores en los espacios urbano y rural, a la vez que otros se desarrollan de forma quasi-inversamente proporcional. En Venezuela, los efectos de este método de instalación de viviendas adecuadas no disponibles para todos los/las ciudadanos(as), se han expresado en la condensación de comunidades de sentido alrededor de los principales centros urbanos, auto-construyéndose y bregando por la consolidación en cuanto al goce de servicios públicos, a la vez que se desarrollan estrategias para vivir siendo vulnerables y mantenidos fuera de la ciudad. Caracas es el ejemplo paroxístico de este fenómeno (Ontiveros, T., 2002). Si visitamos los conceptos sobre vivienda adecuada, transversales a los territorios nacionales suscritos a la lógica organizativa multilateral de Naciones Unidas, hacemos frente a características que dan cuenta de las posibilidades de desarrollo de comunidades, hogares y personas, siendo la vivienda un elemento fundamental en la medición de la pobreza estructural, a través de los diferentes métodos que han sido ensayados y adoptados para y por los Estados-nación suscritos.